Mtra. Monzeisela García Ramos
Candidata a Doctora en estudios Críticos de género,
Universidad Iberoamericana
Mtra. Carolina Isabel Bohorquez Mercado
Candidata a Doctora en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable, Universidad Autónoma de Nuevo León
Dra. Isabel Yoloxóchitl Corona Ruelas
Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género, CIPIG AC
Este artículo ofrece reflexiones del conversatorio Violencia política en razón de género: datos, retos, resistencias, realizado en la séptima semana de ciencias sociales de COMECSO. En este espacio, especialistas en participación política de mujeres analizan el problema comparando los estados de Nuevo León, Jalisco y Estado de México.
En un contexto sin precedentes en México, la representación femenina ha alcanzado niveles históricos en espacios de elección popular a nivel municipal, estatal y, por primera vez en 200 años, con la primera presidenta electa del país. Este avance en política y el espacio público requiere reconocer los logros, pero también mantener objetividad frente a los datos, desafíos y resistencias que enfrenta este crecimiento en una disciplina históricamente dominada por hombres, donde aún se cuestiona la idoneidad y legitimidad de las mujeres en el ámbito político.
I. Datos:
Según el Instituto Nacional Electoral (INE), en 2024, 32 legislaturas locales alcanzaron paridad de género, con una distribución del 50% entre mujeres y hombres. En la Cámara de Diputados, el 50.8% de los escaños son ocupados por mujeres, y en el Senado el 51%. Además, México cuenta ahora con 13 gobernadoras y una presidenta de la República.
Sin embargo, en el ámbito municipal, el avance hacia la paridad sigue siendo un reto. Aunque los ayuntamientos tienen cuerpos paritarios, el cargo de síndicas está sobre-representado por mujeres, mientras los hombres dominan el ejecutivo municipal. Esto cuestiona el alcance real de la participación femenina, en un contexto que celebra el lema llegamos todas las mujeres.
La violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) ha ganado visibilidad en América Latina como una respuesta a su creciente participación y a la redistribución del poder en el ámbito público. Académicas definen esta violencia como un conjunto de acciones, incluyendo la tolerancia hacia ellas, que buscan restringir los derechos políticos de las mujeres. Dos condiciones diferencian la violencia de género: cuando es ejercida específicamente por ser mujer y cuando tiene un impacto desproporcionado sobre ellas (Gilas, 2020; Freidenberg, 2016; Rodríguez y Cárdenas, 2016). Esta violencia puede manifestarse física, psicológica, simbólica o económicamente en distintas etapas de la vida política y es ejercida por actores políticos, ciudadanos, comunicadores o familiares.
Según el INE, el ámbito municipal registra la mayoría de los casos de violencia política por razón de género, con los hombres como principales sancionados en estos actos, marcando una tendencia constante a nivel estatal.
El Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género (CIPIG AC) ha documentado casos de VPMRG en Jalisco durante los últimos procesos electorales. Mujeres en cargos municipales, como alcaldesas y regidoras, enfrentan violencia desde sus campañas hasta su gestión. A menudo, carecen de apoyo de sus partidos, y sus propuestas son ridiculizadas por el cabildo. La situación es especialmente difícil para regidoras de partidos opuestos al del presidente municipal, quienes son excluidas de comisiones, privadas de recursos o saboteadas. Las jóvenes regidoras también sufren críticas basadas en estereotipos de género sobre su edad y experiencia.
Las funcionarias en cargos públicos enfrentan constantes cuestionamientos, insinuaciones de intercambio sexual y ataques a su inteligencia y apariencia. La inexperiencia es usada en su contra, y algunas reportan retenciones salariales o presiones para «cooperar» con superiores. En algunos casos, la paridad ha servido para abusos: a las regidoras en segundo lugar en las listas se les exige «pagar» su puesto o subordinarse a ex candidatos. Estas violencias, sumadas al crimen organizado y la exclusión, hacen aún más precaria su situación en el ámbito público.
II. Retos:
A pesar de los avances, uno de los mayores desafíos para las mujeres que sufren violencia política de género es el acceso a la justicia. Los mecanismos para sancionar esta violencia son insuficientes y débiles, lo que perpetúa la impunidad y permite la repetición de estas conductas. Según el Registro Nacional de Personas Sancionadas, de 415 casos sancionados, solo 8 ocurrieron en el Estado de México, 2 en Nuevo León y 5 en Jalisco (INE, 2024).
En el Estado de México, de un total de 106 casos denunciados por el delito de (VPMRG) entre 2016 y 2021, el 56% de las denunciantes fueron integrantes de cabildos mientras el 65% de las denuncias se realizaron contra integrantes de ayuntamientos.
No menos importante es que, de los 106 casos solo en 56 se consideró que había materia de análisis, de estos 56 se determinó desechar 23 casos más por no acreditarse los hechos denunciados, de estos 23 casos restantes, en 19 casos no existió suficiencia probatoria.
Una revisión con los criterios de la jurisprudencia 21/2018 permitió que 9 en casos se reconsiderara la existencia de (VPMRG). Para que finalmente de estos 9 casos, solo en 6 se lograra una vinculación directa. Es decir, de un universo de 106 casos en que denunció VPMRG entre 2016 y 2021 solo en 6 de ellos se logró una sanción. (Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, 2022).
En Nuevo León, el informe sobre violencia política de género en el proceso electoral 2020-2021 (IEEPCNL, 2022) muestra que la mayoría de las denuncias ocurrieron durante la campaña, con 23 casos, principalmente de calumnias y discursos de desprecio en redes sociales basados en estereotipos de género. Las candidatas fueron las principales denunciantes, mientras que funcionarios y empleados públicos encabezaron la lista de denunciados.
En Jalisco, persisten barreras como la preferencia por los hombres en la formación y promoción dentro de los partidos. Mientras los hombres avanzan en su carrera política, las mujeres dependen de las instrucciones de sus superiores. Además, el prejuicio de que «la peor enemiga de una mujer es otra mujer» sigue presente, aunque el verdadero problema radica en la cultura política que fomenta la competencia por espacios limitados y prácticas desleales. Otro desafío es la falta de liderazgos con perspectiva de género; muchas mujeres líderes en partidos carecen de formación en este tema y replican prácticas tradicionales, lo que limita el apoyo y la formación en VPMRG. Es fundamental que los partidos fomenten liderazgos que impulsen la comunicación y no perpetúen estructuras de violencia.
La falta de institucionalización en nuevos partidos también afecta el derecho de las mujeres a participar sin violencia política, ya que estos partidos carecen de experiencia en procesos electorales. Además, el acceso a la justicia enfrenta trabas como la carga de la prueba sobre las víctimas y el alto costo de la representación legal, lo cual reduce el número de casos sancionados y deja muchas denuncias sin resolver.
Aunque el número de mujeres en cargos de elección popular ha alcanzado un nivel histórico, las dificultades que enfrentan dependen de sus contextos y se agravan en el ámbito municipal, donde la igualdad proclamada sigue siendo inaccesible para muchas. Un reto clave es que la sociedad en general normalice su presencia en espacios políticos, especialmente entre quienes no están inmersos en la vida política.
III. Resistencias
A pesar de los avances en equidad de género en la política mexicana, las mujeres aún enfrentan barreras significativas para ejercer plenamente el poder democrático. Aunque la presencia femenina en cargos públicos ha aumentado, la paridad real y la igualdad sustantiva siguen siendo lejanas. Según Lovenduski (2012), la percepción de una representación femenina alcanzada minimiza el problema y pasa por alto las estructuras desiguales de poder, particularmente a nivel municipal.
En Nuevo León, la participación de mujeres en alcaldías sigue siendo limitada. En 2003, solo tres mujeres presidían municipios, y aunque en 2021 y 2024 este número subió a diez, la mayoría son áreas rurales o semiurbanas, sin representación en centros urbanos. Esto refleja un impacto limitado de las medidas afirmativas, que aún enfrentan resistencias ideológicas, culturales y sociales, como la «naturalización» de roles y la violencia política de género (Fernández Poncela, 2021).
Además, como señalan Francovich et al. (2023), gran parte del análisis se centra en el ámbito legislativo, dejando un vacío en la comprensión de las dinámicas a nivel municipal. Es crucial investigar los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en este ámbito para entender mejor los factores que limitan su participación política y el ejercicio pleno de sus derechos. Para avanzar hacia una participación política equitativa y libre de violencia, es necesario un esfuerzo sostenido de la sociedad, el gobierno y las organizaciones feministas y sociales.
Datos que ofrece CIPIG AC como resultado de mesas de trabajo con mujeres en cargos municipales en distintas regiones de Jalisco durante 2021 ofrecen un panorama de los desafíos y propuestas de acción de frente a la VPMRG. Participantes de cada región muestran la urgencia de cambios estructurales y proponen iniciativas de capacitación, difusión de derechos y mayor coordinación para garantizar una participación política equitativa y libre de violencia para las mujeres.
En la Región Centro del estado, las participantes identificaron experiencias de discriminación, machismo, y violencia económica y psicológica, además de la falta de sanciones efectivas y escasa coordinación institucional; proponen capacitaciones en derechos humanos y perspectiva de género a corto plazo, y fortalecer las sanciones y políticas públicas a mediano plazo. Para la Región Costa Sierra Occidental las mujeres reportaron discriminación salarial, humillaciones y desconocimiento sobre reglamentación; proponen lograr sueldos equitativos, el cumplimiento de la paridad, reuniones de trabajo antes de sesiones de cabildo y cursos de empoderamiento político. En la Región Lagunas mencionan falta de acceso a información y desconocimiento de la VPMRG, muchas normalizando esta violencia; sugieren redes de apoyo, protocolos en ayuntamientos y formación en políticas de género. Sobre la Región Sur, las participantes señalaron exclusión, sueldos desiguales y limitación de herramientas de trabajo; proponen la homologación de sueldos, eliminación de estereotipos y capacitación en derechos políticos y transparencia en la administración pública.
Como conclusión, el análisis de los casos de Nuevo León, Jalisco y el Estado de México revela los desafíos estructurales y culturales que aún limitan la plena participación de las mujeres en la política local. Aunque las leyes y avances en paridad han incrementado su representación en cargos públicos, las mujeres continúan enfrentando formas de violencia y discriminación que restringen su acceso al poder y cuestionan su legitimidad en el ámbito político. Este panorama resalta la urgencia de implementar y fortalecer políticas efectivas que sancionen la violencia política de género y promuevan una cultura de respeto y equidad. Para transformar de manera profunda y sostenida el contexto político mexicano, es esencial que los esfuerzos legislativos, institucionales y de la sociedad civil se orienten no solo a ampliar la representación femenina, sino a garantizar un entorno libre de violencia y prejuicios, donde las mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y con plena seguridad.
Referencias
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Francovich, M., Cuesta, L. S., & Brussino, S. (2023). Mujeres y participación en la política formal: una revisión sistemática de estudios cualitativos. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. doi:https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2023.247.80244
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Fernández Poncela, A. M. (2021). Recorridos, obstáculos y oportunidades: un acercamiento a la participación política de las mujeres en México. En M. L. Sánchez, M. T. Martínez, C. Smith, S. H. Mejía, & D. R. Tapia (Edits.), Primera Legislatura paritaria de Nuevo León. Experiencias y reflexiones (págs. 41-81). Comisión Estatal Electoral Nuevo León.
Gilas, K. M. (2020). Violencia política en razón de género y nulidad de las elecciones locales en México. Regiones y Desarrollo Sustentable, XX (38).
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- Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. (2022). https://www.ieem.org.mx/observatorio_2017/downloads/violencia_politica/PRESENTACION_DIAGNOSTICO_VPG_SENTENCIAS_14_DE_JUNIO_DE_2022.pdf
