Redacción: JIUTEPEC, Morelos. Durante siglos, la historia de los pueblos afrodescendientes en México se escribió desde los márgenes. Incluso después de su reconocimiento constitucional como pueblo originario de derechos colectivos, muchas decisiones sobre su futuro continuaron tomándose lejos de sus comunidades. Ahora, mientras el Congreso prepara una nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, organizaciones de Morelos buscan cambiar esa lógica.
La discusión ya no gira únicamente en torno al reconocimiento. El debate se ha desplazado hacia una pregunta más profunda: ¿quién tendrá el poder de decidir cómo se ejercerán esos derechos?
Esa interrogante marcó la Mesa de Diálogo sobre la Propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos: Perspectivas de la Población Afromorelense, celebrada en Jiutepec y organizada por la colectiva AfroParacas Morelos, Mulato Teatro, la Red Latinoamericana de Mujeres Afrodescendientes y AfroLab, como parte del proceso nacional de consulta impulsado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Lejos de convertirse en un ejercicio de protocolo, la actividad reunió durante varias horas a autoridades federales, legisladoras, organizaciones civiles, académicos y representantes comunitarios para discutir el contenido de una legislación que, por primera vez, busca establecer un marco específico para garantizar los derechos del pueblo afromexicano.
Una consulta que busca ir más allá del papel
El encuentro inició con una ceremonia dedicada a los ancestros y ancestras afrodescendientes, un acto que recordó que la discusión legislativa no ocurre en el vacío, sino como parte de una larga historia de resistencia, invisibilización y reivindicación cultural. Después, especialistas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas explicaron los alcances del proyecto de ley, particularmente el apartado dedicado a los derechos del pueblo afromexicano.
Sin embargo, conforme avanzó la jornada, las intervenciones dejaron claro que el verdadero interés de las comunidades no era conocer únicamente el contenido jurídico de la iniciativa, sino influir en él.
Las y los participantes insistieron en que la legislación debe reconocer a la afromexicanidad como una identidad histórica, cultural, política y jurídica con derechos colectivos propios, además de establecer mecanismos permanentes de consulta que trasciendan el actual proceso legislativo.
«No basta con ser consultados una sola vez», fue una de las ideas que atravesó las distintas intervenciones. La exigencia común apuntó a que las comunidades participen también en la implementación, evaluación y modificación futura de la ley.
Morelos busca colocar su propia agenda
Aunque estados como Guerrero, Oaxaca y Veracruz suelen concentrar la atención nacional cuando se habla de población afromexicana, organizaciones locales sostienen que Morelos posee una historia afrodescendiente poco documentada y frecuentemente ignorada por las políticas públicas.
Por ello, uno de los consensos alcanzados durante la mesa fue la necesidad de incorporar en la futura legislación las particularidades históricas, sociales y territoriales de las comunidades afromorelenses, evitando que la ley reproduzca una visión homogénea sobre la diversidad afrodescendiente del país.
Las propuestas también enfatizaron la creación de mecanismos ciudadanos que permitan vigilar la aplicación de la norma una vez aprobada, una preocupación recurrente entre organizaciones sociales que han visto cómo diversos derechos reconocidos en la legislación mexicana enfrentan dificultades para materializarse en políticas públicas.
Del diálogo a la incidencia política
Entre las asistentes estuvieron la diputada Guillermina Maya Rendón; representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; integrantes de AfroParacas Morelos; Afrolab-MX; la Red Latinoamericana de Mujeres Afrodescendientes y representantes de diversos municipios del estado.
Más allá del intercambio de opiniones, la reunión concluyó con acuerdos concretos.
Las organizaciones se comprometieron a difundir el contenido de la iniciativa entre las comunidades afromorelenses, integrar una representación estatal para participar en la Asamblea Nacional de Consulta convocada por el INPI en Chalcatzingo y sistematizar todas las observaciones surgidas durante el encuentro para entregarlas formalmente como parte del proceso legislativo.
Una ley analizada desde las comunidades
Para las organizaciones presentes, el proceso representa una oportunidad única para que las poblaciones afromexicanas dejen de ser, únicamente, objeto de políticas públicas y se conviertan en protagonistas de su diseño y construcción.
En un país donde el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano llegó apenas en años recientes, la discusión sobre esta nueva Ley General abre un capítulo distinto: el de la consolidación de mecanismos que permitan traducir ese reconocimiento en derechos efectivos.
Al concluir la jornada, el mensaje fue claro: La participación comunitaria no debe terminar cuando concluya la consulta nacional. Para las comunidades afromorelenses, el verdadero reto comenzará cuando la ley entre en vigor y deba demostrar que el reconocimiento jurídico puede convertirse, al cabo, en una transformación de la vida cotidiana.
