Freddy Domínguez Nárez
Fundamentos legales para su salida.
Vive el Waterloo de su república bananera universitaria.
Sienta un precedente peligroso. La legitimidad del descontento.
El daño a la integridad moral de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
Soñaba con ser rectora. Lo decía: que era directora por sus contactos con el personaje más poderoso de la política, que no le debía la dirección al Rector. Ahora ese tren se le fue en enero pasado, el Rector se reeligió y tuvo que aplaudirle. Hoy esa directora está viviendo horas amargas por las protestas de estudiantes que persiguió, menospreció, mancilló en su dignidad. Horas amargas a como las vivió Luis XVI, de cuyo abuelo esa directora adoptó la prepotente premisa que se le atribuye a ese rey, y que dio origen a su prepotente sistema: el Estado soy: la Universidad soy yo.
Los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades han convocado para este jueves 14 de marzo a las 10h00 a una huelga para exigir su renuncia como directora. “A Felipa ya nadie la quiere”, es el clamor general, según el título de un post que circuló profusamente ayer. Clamor que ha pasado a las acciones concretas y que tienen fundamento, como lo analicé en mi artículo “A Felipa ya nadie la quiere”. Corrupción moral e institucional en la UJAT”.
El descrédito de esa directora lo ha ido construyendo ella misma a lo largo de 4 años. Desde que por razones desconocidas fue nombrada al frente de la Dacsyh, sin más méritos que los de sus relaciones políticas. Tener esas relaciones es una regla no escrita en la Dacsyh para llegar a director. Y México es un país donde cohabitan los procesos con reglas formales y usos y costumbres. Buenos directores ha tenido la Dacsyh que han llegado por sus relaciones de poder. Es un secreto a voces que el director o directora de la Dacsyh es palomeada por el mismísimo gobernador en turno. Hubo un caso en que el gobernador dudaba de la persona que le estaban proponiendo pero su director jurídico le dijo “Yo meto las manos al fuego por ella”, y ahí se decidió todo. No era esta directora, eso pasó hace diez años. Pero han habido directores que han llegado para cuidar la institución, para impulsarla, para modernizarla. Cuando el Dr. Gregorio Romero Tequextle fue director, los profesores nunca hacían antesala para hablar con él. Un profesor llegaba y le decía a su secretaria que deseaba hablar con el director y la señora secretaria ni siquiera le avisaba al director –tenía instrucciones– y le decía al profesor que pasara, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo el Dr. Romero Tequextle. Después de terminar su periodo, los siguientes directores y directoras empezaron a tener secretarios particulares, y los profesores y alumnos debían esperar a veces horas y horas.
Pero con todo, nunca se atrevieron a minar la integridad moral de la institución. Eran cosas de burocracia en todo caso. El respeto a su propia investidura como directores y directoras era lo primero que tenían presente. Enseguida el respeto a los profesores y a los alumnos: nunca una majaderia, un mal trato, ni exabruptos de prepotencia –válgase la redundancia–, y junto a eso, el interés por impulsar la investigación, los libros, la evolución de la formación de los alumnos y alumnas. Todo eso se acabó cuando esa directora llegó a lo que consideró su pequeño espacio de poder, que convirtió en una pequeña república bananera.
Se conoce peyorativamente como “repúblicas bananeras” a todo país, región o institución donde prevalece la violación a derechos humanos, la transgresión a la legalidad y la Constitución, y el autoritarismo perseguidor y aniquilador. Esto viene porque los países tropicales de América Latina y África tienden a desarrollar esos regímenes. Y en el trópico hay bananas. Esa directora se libró al frenesí en su república bananera como lo expliqué en mi artículo “A Felipa ya nadie la quiere. Corrupción moral e institucional en la UJAT”.
Aunque por estas horas, esa directora está viviendo su Waterloo –se dice así en referencia a la batalla de Waterloo donde el emperador Napoleón perdió frente a los ingleses. Está viviendo su Waterloo porque los alumnos de la Dacsyh que ella estuvo dominando, humillando y manipulando –usaba a los alumnos para ponerles “un cuatro” a los profesores como ella misma decía– se han revelado con justa razón y de manera organizada hasta ahora, pacífica y precisa. Esperemos que así continúen: todos los movimientos estudiantiles son parte de la tradición de la lucha universitaria pero siempre dentro de la civilidad, la legalidad y la expresión pacífica.
La huelga que han convocado para mañana ha levantado muchas expectativas no sólo dentro de la Dacsyh y la Ujat, sino también en la sociedad civil. Se trata de que por primera vez los universitarios se van a huelga porque un directivo está sentando un precedente peligroso de violación a derechos humanos de manera impune, sistemática, que no le hace caso ni siquiera a los jueces federales.
Es terrible para un alumno o un académico tener que llegar a la Universidad amparado, pues se supone es un espacio de civilidad y de protección. No es natural. No es sano que eso tenga que suceder. Y todo por la arbitrariedad de una persona que no ha sabido respetar la investidura de su cargo, ni respetar a la institución: el año pasado llamó “reclusorio” a su propia División que dirige en el programa Telerreportaje en entrevista con Emmanuel Sibilla. La sociedad entera se indignó por esa declaración en aquel momento. Pero esa directora, que maneja dos modos de trato –a veces en modo hermandad, otras en modo contrario a la hermandad– siguió de frente persiguiendo académicos y a alumnos al mismo tiempo que pedía protección policiaca a la Fiscalía para ella misma. Como se la negaron trató de obtenerla presionado a un nivel más alto, pero resultó que hay leyes, y que las leyes están para cumplirse, y esa directora no tipificaba para gozar de protección policiaca, y eso es lo que le dijeron en la Fiscalía. Quería guardaespaldas a costa de los impuestos de la sociedad.
Las protestas de las alumnas y alumnos son legítimas: tanto los amparos concedidos por varios jueces federales a alumnos y académicos como las evidencias de abuso de autoridad, corrupción moral e institucional, y usurpación de funciones, respaldan la legitimidad del descontento. Esa directora no podría, no debería, intentar invocar que se le están vulnerando sus derechos. El artículo 5 de la Ley de Amparo dice claramente que una autoridad no puede invocar “interés legítimo”. El interés legítimo es un concepto importantísimo que quiere decir que sólo las personas que sufren violaciones a sus garantías constitucionales por parte de una autoridad pueden reclamar un amparo. No una autoridad pública pues la autoridad pública es la que tiene precisamente el monopolio de la violencia legítima del Estado, como lo definió Max Weber. Esa directora es autoridad pública de una institución pública, y está obligada a respetar la ley y conducirse de acuerdo al reglamento de la universidad.
La sociedad civil ha comenzado a expresar en las redes sociales que lo mejor es que ante esta crisis esa directora renuncie. Para que cese el peligro en que se encuentran alumnas, alumnos y académicos bajo su administración. Si no quiere renunciar, hay elementos para su destitución. El Estatuto de la UJAT es muy claro cuando establece que es causa grave de responsabilidad imputable a todos los miembros de la Universidad la realización de actos concretos que “lesionen los principios básicos de la Universidad”. La violación de derechos humanos es la más grave lesión a los principios básicos de la Universidad. Este precepto interno de la Universidad más los preceptos constitucionales en materia de derechos humanos ampliamente transgredidos por esa directora conforman la fundamentación para una petición de que sea destituida de su cargo o pedirle su renuncia.
En concreto, las disposiciones reglamentarias y constitucionales transgredidos por esa directora, que fundamentan la necesidad de que las autoridades correspondientes, en concreto el Rector, le pidan su renuncia o la destituyan, son los siguientes:
–Del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el artículo 7, fracción XII, que dice: “Respetar la igualdad de género, la equidad, los derechos humanos y evitar acciones que sean contrarias a la ética y la moral”; fracción XVII “Velar por el prestigio de la Universidad”; fracción XVIII “Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social, en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general”; fracción XIX “Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos, con el mismo trato y oportunidad para todas las personas”; fracción XXII “Promover la comprensión, aprecio, conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultura y lingüística, el diálogo e intercambio intercultural con base en la equidad y respeto mutuo”; artículo 68 fracción I, IV “Infringir el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; fracción V “Transgredir las disposiciones del Código de Ética de la Universidad o el Código Institucional de Ética para la Investigación”; y las sanciones a estas violaciones están en el artículo 69 fracción III “Destitución de conformidad con el procedimiento y los plazos que establezca la autoridad universitaria, que estará obligada a respetar las formalidades esenciales del procedimiento que garanticen los derechos del investigado; y, fracción IV “Rescisión en los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo o en su caso en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.”
–Del Código de Ética de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, esa directora violó toda la Sección Primera artículos 1 al al 4, y de este artículo cuatro los numerales del 4.1 al 4.15 sobre “Ética personal. Comportamiento personal”, el capítulo II artículos del 19 al 21 sobre “Relaciones entre colaboradores. Sección Primera. Integridad en las relaciones laborales”, la Sección Tercera, artículo 23 sobre “Ambiente de trabajo saludable”, tipificó el abuso de autoridad previsto en artículo 27, transgredió la Sección Sexta artículos del 28 al 30 sobre “Dignidad humana”, la Sección Primera del capítulo III, artículo 31 sobre “Del profesionalismo y honradez en el quehacer educativo y administrativo”.
–Del Estatuto General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, esa directora violó los artículos 63, fracción XIV “Sujetarse en la realización de todas sus acciones a las políticas generales de la Universidad, determinadas por el interés universitario y por las necesidades de desarrollo social, económico y cultural del Estado, la región y el país, avaladas o dictadas por el Rector y/o descritas en la Legislación Universitaria”; fracción XXI “Velar por la conservación de un orden libre y responsable en la División Académica correspondiente”;
Junto a estas transgresiones están las cometidas por esa directora contra la Constitución. Es importante subrayar que la Constitución no es cualquier sabrita ni juguete para discursos políticos. La Constitución es la mayor fuerza protectora y reguladora de todo el sistema social y educativo. Está por encima de la legislación universitaria en caso de que ésta sea contraria o existan vacíos, lagunas o contradicciones. Esa directora violó el artículo 1 en su vertiente de discriminación; el superpoderoso artículo 3 relativo a la educación, párrafo cuarto “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”; la fracción VII donde se indica que en las universidades se “realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas”. Los principios del artículo 3 son, ya vimos, “el respecto irrestricto a la dignidad de la personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”. Esa directora también violó el artículo 4 párrafo 12, el artículo 6 párrafo 1 y 2, artículo 8 sobre el derecho petición, artículo 14 párrafo 2 y 4, artículo 16 párrafo 2 y 3, artículo 17 párrafo 1 “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”; párrafo 2 “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.”; párrafo 3 “Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”.
Todo esto solidifica un daño a la integridad moral de la UJAT que un directivo no debe promover.
En junio próximo se termina el periodo de cuatro años de esa directora. Evidentemente se ilusiona con una reelección que las horas amargas de estos días no harán que quite el dedo del renglón. Pero en la Rectoría ya comenzaron a mirar hacia otro santo, y hay una lista bastante legitimada después de que fue revelada por Politicus Magazine, de que en las preferencias del Rector para deshacerse de esa directora son Leticia Palomeque, Egla Cornelio Landero, Rodolfo Campos, y Ángel Velueta. Pero es cierto que faltan tres largos meses, y con una corte de colaboradores administrativos que la secundan en todo, particularmente los que integran el Consejo Divisional, esa directora puede dañar más a la institución. El año pasado procesó a un académico en una sola superaudiencia en las cuales desahogó pruebas, rechazó pruebas, se otorgó facultades, invadió jurisdicción, y dictaminó, con su Consejo Divisional, sin tener facultades para hacerlo. Imagínense qué no puede hacer en tres meses.
Y aquí entramos en la lógica del poder: si renuncia no habrá vacío en la dirección, porque por reglamento sube automáticamente el coordinador de posgrado. Si el actual coordinador de posgrado no es de la confianza del Rector, como seguramente es el caso actualmente, tampoco hay de qué preocuparse. El Rector tiene las facultades para cambiarlo incluso después de que esa directora presente su renuncia, para que acceda a la dirección alguien de su confianza. Esa decisión no la tendría que consultar con el gobernador en turno pues esa persona sería un(a) encargado(a) del despacho hasta la elección de junio. Es más, la cosa es más fácil aún: si el Rector quisiera poner a alguien que ya tenga su bendición para el próximo periodo podría hacerlo, primero como encargado del despacho y luego director(a) en junio. Lo único que haría es platicarlo con el gobernador ahora o en junio. Y a menos que el gobernador tenga otra opinión, las cosas marcharían de maravilla para el cuartel general de la rectoría. Lo otro es que el Rector no consulte al gobernador ni ahora ni nunca. Pero eso es el terreno de la especulación, y no es bueno rezar en el terreno de la especulación porque pone a soñar a más de uno, como esa directora, que soñaba con sustituir a su jefe en la rectoría. Pero por lo pronto, por el bien de todos, esa directora debe renunciar.