Margarita Núñez Chaim
El cuatrienio de Donald Trump nos enseñó que la lucha por la igualdad, la justicia y los derechos fundamentales es constante y continua. En tan sólo cuatro años, el racismo, profundamente arraigado en nuestras estructuras sociales, políticas, económicas y culturales, recuperó una legitimidad que habíamos considerado caduca. Se permitió a la tribuna más poderosa del mundo ejercer el poder para discriminar a las personas por razón de su identidad de género y sexual, color de piel, nacionalidad, edad, por su discapacidad física inclusive. El poder se usó para infligir daños irreparables en miles de vidas a través algunas de las políticas más inhumanas de nuestra historia reciente: la separación de padres y madres de sus hijas e hijos, el encierro de niñas y niños en jaulas y la negación del derecho a solicitar asilo, entre otras.
Derivado de esta serie de políticas, murió Roxana Hernández, mujer trans que llegó de Honduras a Estados Unidos y, mientras estaba en detención tras haber solicitado asilo, enfermó, ya que se le negó la atención médica; también, Claudia Patricia Gómez, una joven maya guatemalteca, quién recibió un disparo en la cabeza por parte de un agente de la patrulla fronteriza; también murieron Óscar Martínez, salvadoreño de 25 años, y su hija Valeria, de dos, al intentar cruzar el río Bravo, después de que se les negara solicitar asilo en la aduana estadounidense.
No es coincidencia que, tras estas políticas y sus consecuencias, las personas que no pueden vivir más en sus países se organizaran para reclamar y ejercer su derecho a emigrar. En 2018, las caravanas centroamericanas marcaron un punto de quiebre en las migraciones en la región: las personas decidieron emigrar de manera colectiva para poder sortear algunos de los obstáculos impuestos por estas políticas y cuidarse durante el tránsito. La respuesta a esta movilización colectiva fue desplegar al ejército estadounidense en la frontera con México, con la autorización para disparar en caso de que las familias centroamericanas, que huían del hambre y la muerte, intentarán cruzar
Por otro lado, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hemos aprendido que la llegada al poder de un grupo político que se proclama de izquierda tampoco es garantía de que este poder se ejerza en favor de la igualdad, la justicia y los derechos fundamentales. En estos dos años de gobierno hemos visto que la tendencia en las políticas migratorias, que ponen los intereses económicos y políticos con Estados Unidos por encima de las vidas de las personas migrantes, se profundizó. Ante la organización de las personas centroamericanas en las caravanas, que precisamente se formaron para enfrentar los obstáculos y riesgos que viven en el tránsito por México, la respuesta ha sido el despliegue más amplio en nuestra historia de elementos policiacos y militares en las fronteras, la persecución y represión violenta de las familias, la detención y deportación masiva, y el incremento de los obstáculos para acceder a la condición de refugiado u otras formas de regularización migratoria en nuestro país. Estas políticas también han tenido consecuencias graves e irreparables, como la muerte de una niña guatemalteca en la Estación Migratoria de Iztapalapa.
Las presiones del gobierno de Estados Unidos a México en materia migratoria son y han sido muy fuertes, pero esto no es nuevo; tan sólo hay que recordar que el Instituto Nacional de Migración se creó tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para saber que estas presiones han moldeado las políticas migratorias mexicanas desde su origen. También debemos recordar que, durante el gobierno de Barack Obama, con Joseph Biden como vicepresidente, México implementó el Plan Frontera Sur que aceleró el proceso de externalización de las fronteras con el fin de recorrer la frontera sur de Estados Unidos a la frontera sur de México, y profundizó los procesos de criminalización de la migración en nuestro país.
A pesar de que el cambio de gobierno en Estados Unidos es una buena noticia para las comunidades migrantes, no es ninguna garantía de un avance en la lucha por sus derechos fundamentales. La llegada de la administración Biden-Harris tiene una importancia innegable: implica una derrota a la ultraderecha global, de la cual el gobierno de Trump representaba sólo una pieza en la construcción de su agenda de largo plazo. No obstante, la dupla Biden-Harris es una vuelta al statu quo del establishment estadounidense, lo que incluye las presiones a México para externalizar fronteras y criminalizar la migración con el fin de ilegalizar a las y los desterrados de esta región. Es una falacia que las políticas antiinmigrantes busquen frenar o eliminar la migración: las personas migrantes no son excluidas, tienen un papel fundamental dentro de nuestros sistemas económicos y políticos, y sus remesas mantienen a flote las economías de nuestros países. Lo que buscan dichas políticas es mantener a las personas en un estatus migratorio irregular para garantizar el despojo y la explotación de su fuerza de trabajo.
El arribo al poder de los demócratas en este 2021, se debe en gran medida a los movimientos antirracistas, feministas, indígenas, socialistas y en defensa del medioambiente, que se movilizaron en los últimos años y han declarado que no lo dejarán de hacer en esta nueva administración. Estos movimientos son una muestra de que la conciencia social de las y los estadounidenses se ha ampliado. Sin embargo, el avance y la profundización de las políticas migratorias racistas fue posible también por la indiferencia de un sector muy amplio de la población y el beneplácito de otro; lo cual también se vive en México. Hace tan sólo algunas semanas vimos de nuevo la organización de las personas en caravanas para intentar huir, ahora no sólo de la pobreza y la violencia, sino también de la devastación ambiental y, en México, la respuesta política y social es, de manera incremental, la criminalización y la xenofobia.
A mediados de enero el equipo de transición de Biden dio a conocer que tiene previsto enviar una reforma migratoria al Congreso en los primeros días de su mandato. Dicha reforma pretende abrir una vía a la regularización para los once millones de personas que viven sin documentos en Estados Unidos. Esto representaría la reforma migratoria más amplia desde la impulsada por Ronald Reagan en 1986, y el cumplimiento de la promesa alguna vez hecha por Barack Obama, aunque la iniciativa dependerá de su aprobación en el Congreso y la presión de la opinión pública. En su primer día de gobierno, Biden ordenó frenar la construcción del muro fronterizo y suspender nuevas inscripciones en el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que obliga a las y los solicitantes de asilo a llevar sus procesos desde México. Así que está por verse si estas primeras acciones son una pantalla de avances, o se llevan a la realidad e impactan de manera positiva en las vidas de las personas migrantes. Por ahora, parece que Biden aprendió la lección de su período como vicepresidente: no esperarse a tener un consenso para la aprobación de reformas profundas, ya que es muy probable que nunca llegue.
Durante su campaña, Biden anunció transformaciones que implican avances para las comunidades migrantes: terminar con la política de los Protocolos de Protección a Migrantes; acabar con las listas de espera ilegales (o metering); anular los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACAs) con Guatemala, El Salvador y Honduras; acabar las restricciones al acceso al asilo para quienes huyen de la violencia de género, las pandillas o el crimen organizado, y quienes son perseguidos por motivo de sus vínculos familiares, además para quienes transitan a través de México o Guatemala; asegurar la reunificación de todas las niñas y los niños que aún se encuentren separados de sus familias; elevar el número de personas refugiadas admitidas anualmente en Estados Unidos a 125,000; restaurar el programa de Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés); suspender las deportaciones por 100 días mientras se revalúan los criterios de deportación; y finalmente, también se comprometió a terminar con las prácticas de detención prolongada y recurrir a un modelo de detención por casos. Es importante destacar que ninguno de estos compromisos se realizará de manera inmediata, todos implican transformaciones administrativas, y algunas legales, que tomarán tiempo, presión política, e implicarán una implementación gradual que conlleva retos logísticos importantes.
Además, cabe destacar que, en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19, las políticas migratorias han agudizado las tendencias regionales y globales de cierre de fronteras, contención y expulsión de las personas migrantes, criminalización y xenofobia. En Estados Unidos se implementaron las llamadas “expulsiones bajo el Título 42,” que implican la expulsión inmediata hacia México de las personas que cruzan la frontera, sin importar su nacionalidad, con el argumento del riesgo a la salud pública. Sobre la continuidad de esta política durante la pandemia, el gobierno de Biden aún no se ha pronunciado.
Es difícil ponderar si la balanza resultará en favor de las comunidades migrantes con las prometidas transformaciones en las políticas migratorias, por un lado, y la trayectoria de Biden como vicepresidente y senador, junto a Kamala Harris y su trayectoria como fiscal general de California y senadora, por el otro. En lo que respecta a los impactos que estas transformaciones tendrán en la política migratoria mexicana el panorama tampoco es claro. Las presiones de Estados Unidos hacia México continuarán, pero ¿el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cederá sin ningún resquemor como lo hizo con Trump? ¿O aprovechará las promesas de transformación de Biden para implementar las políticas que él mismo prometió en campaña, pero hasta ahora ha incumplido? Está por verse también.
Empezando el tercer año de este sexenio en México, lo que es seguro, es que no podemos seguir esperando a que los cambios vengan de arriba y toca hacerlos desde abajo. Tampoco podemos seguir eximiendo al gobierno mexicano de sus responsabilidades, independientemente de las presiones externas, pues las acciones y omisiones del gobierno mexicano están teniendo costos humanos, y en tanto lo sigamos permitiendo, somos cómplices. En Estados Unidos las movilizaciones sociales lo han dejado claro: este cambio de gobierno es resultado de su lucha, y la lucha continúa. En Centroamérica también continúa la lucha de las personas por sobrevivir. En México ¿estaremos a la altura para transformar este legado de inhumanidad, para garantizar que nadie nunca más muera por intentar buscar una vida mejor?
1 Sputnik, “Trump autoriza a soldados usar fuerza letal contra migrantes en Frontera.” disponible en https://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2018/11/21/trumpautoriza-a-soldados-usar-fuerza-letal-contra-migrantesen-frontera-8221.html
2 Lorena Arroyo, “Biden presentará un plan para beneficiar a los 11 millones de indocumentados los primeros días de su Gobierno”. Disponible en https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-17/biden-presentara-un-plan-para-beneficiar-a-los-11-millones-de-indocumentados-los-primeros-dias-de-su-gobierno.html
3 Europa Press, “Biden lleva a EEUU de vuelta al Acuerdo de París y detiene la construcción del muro con México.” Disponible en https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/11003863/01/21/Biden-lleva-a-EEUU-de-vuelta-al-Acuerdo-de-Paris-y-detiene-la-construccion-del-muro-con-Mexico.html Disponible en https://www.dhs.gov/news/2021/01/20/dhs-statement-suspension-new-enrollments-migrant-protection-protocols-program
El artículo se publicó originalmente en la Revista de la Universidad Iberoamericana. Año XII. Número 72. Febrero-Marzo 2021, ISSN 2594-2662 https://revistas.ibero.mx/ibero/index.php?id_volumen=58 https://prami.ibero.mx/archivo/posibles-transformaciones-en-materia-migratoria-durante-la-presidencia-de-joe-biden/ y se reproduce aquí con la autorización de la autora.
PRAMI
Entrevista a Margarita Núñez, Coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios y a Ángeles Hernández colaboradora del PRAMI.
